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El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, (en adelante, RGPD) también conocido como GDPR por sus siglas en inglés, es la norma de referencia europea en materia de protección de datos, que refuerza y unifica la protección de los datos de los individuos en el seno de la Unión Europea.

Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, LOPDYGDD) es la adaptación de la normativa española al RGPD.

El objetivo de esta ley es proporcionar una base legal sólida y actualizada para regular el tratamiento de los datos personales de las personas físicas, así como la libre circulación de los mismos. Asimismo, garantiza que todas las personas puedan tener un mayor control sobre el uso de los datos personales que son proporcionados a empresas, asociaciones, autónomos e incluso a organismos oficiales.

Además de ello, y como novedad de la misma, pretende regular y garantizar el respeto a los derechos digitales indicados en el artículo 18.4 de la Constitución Española.

Podemos definir a la protección de datos como la salvaguarda de los datos personales de cualquier persona ante cualquier operación o conjunto de operaciones realizada sobre los mismos, entendiéndose por datos personales cualquier información de toda persona física identificada o identificable

Según la legislación vigente en materia de protección de Datos, todas y cada una de las empresas, asociaciones, Pymes, autónomos y entidades que recaben y que traten datos de carácter personal para el normal desarrollo de su actividad comercial, así como para otros fines, tienen la obligación de cumplir con el RGPD Y LA LOPD-GDD.

Por ende, cualquier entidad que maneje datos de clientes, empleados, proveedores, asociados o de cualquier otra figura, sin cuyo manejo sería imposible desarrollar su actividad principal, quedará supeditado al cumplimiento de la citada normativa.

Como persona jurídica, es sumamente necesario entender que los datos personales de los clientes y empleados no les pertenecen, y como persona física es igualmente necesario saber cuándo, a quién y para qué se están ofreciendo datos personales.

Sí, tiene que adaptarse, ya que los procedimientos entre ambos textos legales han cambiado.

A continuación, se resaltan las principales novedades del RGPD respecto a la anterior LOPD:

• En la LOPD no había requisitos sobre algunos aspectos que sí recoge el RGPD, como, por ejemplo, la actual obligación de evaluar el impacto que sobre la privacidad tiene el uso de los datos personales, o la obligación de minimizar los datos, esto es, recabar los estrictamente necesarios para los fines explicitados al usuario.
• El RGPD nos obliga a no tratar estos datos personales durante más tiempo del necesario para los fines del tratamiento.
• El RGPD nos obliga a hacer un análisis del riesgo al que están expuestos nuestros datos y a tomar medidas técnicas u organizativas adecuadas al riesgo que conlleva el tratamiento. En ciertos casos, además, es obligatorio llevar un registro interno de actividades de tratamiento.
• Al deber de información de la antigua LOPD se le suma la obligación de comunicar una serie de aspectos sobre el tratamiento de los datos de nuestros usuarios.
• Mientras que la LOPD asumía que el consentimiento de los usuarios podía ser tácito o por omisión, el RGPD exige que el consentimiento sea expreso. Además, el consentimiento de los menores pasa a limitarse a 14 años (en España).
• Las sanciones también han sido modificadas. Las empresas de mayor volumen pueden recibir una sanción de hasta el 4 % de su volumen de negocio anual en todo el mundo o de 20 millones de euros
• Pero no todo es apretar, si bien con la LOPD había que notificar a la AEPD todos los cambios que se realizaban en las características de los ficheros, ahora no es necesario hacerlo.
• Y cuidado, si con la LOPD eran las autoridades de control (la AEPD) las que garantizaban el cumplimiento de la normativa, ahora con el RGPD somos nosotros los que garantizamos esto. De hecho, en determinados supuestos hay que nombrar un delegado de protección de datos (DPO)de la empresa.

Las páginas webs y tiendas online están obligadas a mostrar avisos relativos a la protección de los datos personales de los usuarios según las normativas actualmente vigentes que se detallan a continuación:

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

La peor consecuencia para las entidades que no cumplan o infrinjan la normativa son las graves sanciones a las que se enfrentan, inclusive la clausura de las mismas.

Las infracciones actuales, al igual que la anterior LOPD, se categorizan en leves, graves y muy graves, estableciéndose una prescripción de las mismas de 1, 2 y 3 años respectivamente. A modo de ejemplo, se puede cometer alguna de las siguientes infracciones:

• Infracciones muy graves: incumplimiento del deber de información o incumplimiento del bloqueo de datos.
• Infracciones graves: subcontratación de un encargado de tratamiento por otro sin consentimiento del responsable o no atención reiterada de los derechos de los interesados.
• Infracciones leves: no publicación de datos de contacto del DPO o Disponer de un Registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la información exigida por el artículo 30 del RGPD.

Por otro lado, la atribución de importes para las sanciones, en función de lo establecido en la LOPD-GDD, y en base a su categorización será:

• Para las infracciones muy graves, un importe superior a 300.000 euros.
• Para las infracciones graves, un importe entre 40.001 y 300.000 euros.
• Para las infracciones leves, un importe igual o inferior a 40.000 euro

Se debe tener en cuenta, asimismo, que las empresas de mayor facturación podrían recibir una sanción de hasta el 4 % de su volumen de negocio anual en todo el mundo o de 20 millones de euros.

En cuanto a la prescripción de sanciones, su plazo comienza al día siguiente al que sea ejecutable la resolución que la impone, siendo dichos plazos iguales en tiempo que los plazos de prescripción de las infracciones.

El RGPD mantiene el principio de que todo tratamiento de datos necesita apoyarse en una base que lo legitime. Hay que destacar que en ese sentido el RGPD no implica cambios para los responsables del tratamiento de datos, pues también recoge las mismas bases jurídicas que contenía la Directiva que éste deroga y que reproduce la actual LOPDYGDD, a saber:

• Consentimiento.
• Relación contractual.
• Intereses vitales del interesado o de otras personas.
• Cumplimiento de una obligación legal para el responsable.
• Interés público o ejercicio de poderes públicos.
• Intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros a los que se comunican los datos.
• Aumento en los derechos del interesado: derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, la limitación u oposición a su tratamiento y a retirar el consentimiento prestado.